Somos un órgano administrativo que tiene como función el otorgamiento de medidas administrativas de protección, inmediatas y de cumplimiento obligatorio, para prevenir y detener la violación de los derechos de los grupos de atención prioritaria.

• Conocer de oficio o a petición de parte los casos de amenaza o violación de los derechos individuales o colectivos de los grupos de atención prioritaria.
• Otorgar medidas administrativas de protección necesarias para prevenir o restituir los derechos amenazados o vulnerados.
• Vigilar la ejecución de sus medidas.
• Resolver y sancionar las infracciones administrativas a entidades del sector público o privado que amenacen o violen los derechos de los grupos de atención prioritaria conforme a las infracciones administrativas estipuladas en la normativa vigente.
• Interponer las acciones necesarias, incluso jurisdiccionales, ante el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas, o cuando éstas sean insuficientes para la reparación efectiva e integral de los derechos.
• Coordinar acciones con otros organismos del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos.
• Requerir a los órganos del gobierno nacional o seccional la información y documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
• Presentar al Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, informes periódicos sobre los procedimientos administrativos que sustancie.
• Cumplir con las atribuciones, funciones o competencias establecidas en la ley, acuerdos y normas vigentes.